Tras la aprobación del código, tres importantes referentes de la oposición (María Gabriela Hernández, Concejal, Proyecto Escobar; Ciro Andrés Patiño Smokvina, dirigente de Republicanos Unidos de Escobar, y Adrián Lobato, dirigente de la  Coalición Cívica ARI de Escobar), enunciaron los motivos por los cuales rechazan en forma categórica un proyecto al que califican de  «inconstitucional e ilegal» y que no persigue los fines que declara, «sino que busca ser una herramienta más para justificar desmedidos gastos por parte del Intendente, (promueve) convenios poco claros con universidades y organizaciones no gubernamentales de dudosa solvencia; (y constituye) una herramienta de amedrentamiento con fines recaudatorios y de adoctrinamiento».

• Porque aumenta el tamaño y el gasto del Estado Municipal, creando nuevos cuerpos de inspectores para “vigilar y controlar” a los comercios y proveedores de servicios. En un distrito donde muchas de las escuelas se caen a pedazos, donde no hay agua corriente ni cloacas en su mayor parte, donde las calles se cubren con una capa asfáltica poco perdurable y carecen de cordón y veredas, donde no existen estímulos a la radicación de empresas e industrias ni incentivos a la contratación de mano obra, donde hay tantas y tantas carencias en todos los órdenes, el Intendente pretende utilizar fondos del erario público para crear cuerpos de inspectores y estructuras municipales (más empleados públicos) para atender a una función que bien pueda realizar sin ese Código y sin tanto gasto y parafernalia; ¿o no es que la OMIC resuelve exitosamente el 75% de las controversias entre consumidores y usuarios?
• Porque es un proyecto oficialista hecho para plasmar la ideología de un sector, sin la participación de la ciudadanía, de las cámaras de comercio y servicios ni de los representantes de la oposición; sin la participación de ese 60% que no votó al gobierno municipal en la última elección.
• Porque se involucra en los procesos de formación de precios y de mercado, aumentando la distorsión económica producto del intervencionismo del Estado Municipal.
• Porque es una herramienta que, so pretexto de “defender y proteger” a consumidores y usuarios, busca ejercer más y más presión sobre los ya golpeados comerciantes que soportan las secuelas de la pandemia, la grave situación económica del país y la altísima presión fiscal a que los somete este municipio.
• Porque posibilita la persecución y el amedrentamiento de comerciantes y proveedores a través de organismos municipales, constituyéndose en un brazo recaudador más de la Municipalidad por medio de la facultad de imponer multas, clausurar, fijar indemnizaciones e intervenir en las ventas en cuotas y a crédito.
• Porque este Proyecto de Código violenta descaradamente los derechos de propiedad, de libertad de comerciar y el sistema republicano que instaura la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Desoye la división de poderes violando los arts. 75 inc. 12 y 109 de la Constitución Nacional.
• Porque la ordenanza faculta al Intendente a “usar” las partidas presupuestarias que estime necesarias, es decir, el dinero del Municipio que no es otra caso que el conformado por las tasas y contribuciones de los vecinos, para implementar ese Código, abstrayendo del Concejo Deliberante la obligación de éste de velar por el correcto uso del dinero y recursos públicos.
• Porque la técnica legislativa utilizada en su redacción es pésima (art. 78 LOM); y no casualmente. El Proyecto de Código, declama principios y contiene alguna que otra norma más como la facultad de resolver sobre el daño directo del consumidor/usuario y “resolver” casos de sobrendeudamiento, delegando en el Intendente la facultad de “dictar los actos reglamentarios” que considere necesarios para implementarlos; es decir, le da herramientas desmedidas al Intendente para decidir cómo y por dónde amedrentar y acorralar a los comerciantes y proveedores bajo el sutil pretexto de defender a los consumidores.
• Porque sabe bien el Intendente que propone este proyecto y sus aclamadores en el HCD que este Código se volverá rápidamente en contra de los vecinos de Escobar. ¿Quién vendrá a proveer de bienes y servicios a nuestro distrito si puede ser así hostigado? El que lo haga ¿no trasladará a precios esos eventuales sobrecostos? Los pequeños y medianos comerciantes locales, ¿no sentirán que su negocio es manejado desde el Municipio? ¿Quién venderá a crédito si sabe que el Intendente vendrá luego a refinanciar a su antojo la deuda del consumidor/usuario poco precavido causando así un daño a la rentabilidad del comercio? No nos engañen más!
• Porque aumenta ilegal e inconstitucionalmente las facultades del Intendente -a través de su Secretaría Contravencional- erigiendo así al Ejecutivo Municipal en “juez y parte” en las relaciones de consumo.
• Porque el partido oficialista a nivel Nacional, Provincial y Municipal, pretende introducir a través de esta iniciativa, y de aquellos municipios gobernados por su color político, mecanismos, como éste, que trasuntan una marcada ideología popular que desprecia abiertamente los derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita; de usar y disponer de la propiedad; de asociarse con fines útiles y de comerciar garantizados por el art. 14 de la Constitución Nacional a todos los habitantes de la Nación; bajo el pretexto de amparar y proteger a los consumidores ante las “corporaciones”, “el patriarcado” y esos “ogros” que los quieren esquilmar; fantasmas que sólo ve (o hace como que ve) el oficialismo y trata de convencer a los más vulnerables, en su necesidad,  de verlos. Si, van por todo!
• Porque el Proyecto de Código olvida que la Municipalidad es prestadora de servicios y como tal incumple descaradamente con las normas de defensa del consumidor, en particular, con la que la obliga a un trato digno e igualatorio y oportuno a los vecinos. Sin embargo, el Proyecto de Código en cuestión se olvida de esto.
• Porque no obliga a la Municipalidad a encarar campañas de educación para el consumo y especialmente para el consumo sustentable, sino que se limita a señalar que “podrá” hacerlo.
• Porque omite regular sobre denuncias maliciosas y revisión de las decisiones administrativas ante la Justicia.
• Porque es una herramienta más para incentivar y profundizar la grieta en nuestra sociedad; grieta de la que se nutren y sobre la que fundan una narrativa sólo declamatoria y carente de reales soluciones para el vecino.