Normas ISO, una certificación injustificada (Parte 1 de 3)

Por D. Luzuriaga, vecino de Escobar

Días atrás se dio a conocer la sorprendente noticia de que la Administración municipal de Escobar, a cargo del intendente Ariel B. Sujarchuk,  obtuvo una certificación ISO  a raíz de sus  presuntas prácticas “anticorrupción”. El propósito de este artículo es argumentar en base a evidencias y a hechos verificables que semejante certificación resulta del todo irrazonable, infundada e inmerecida en vista de un sinnúmero de  procedimientos cuestionables, perpetrados a lo largo de seis años por la Administración del intendente Sujarchuk  -y del todo incompatible dicho otorgamiento en contraste con un cúmulo de acciones que no son en absoluto transparentes, sino opacas, abusivas y arbitrarias, concernientes al manejo de dineros públicos y la asignación de fondos a obras municipales.  Cuestionables prácticas todas ellas que vienen sucediéndose desde la misma asunción del intendente mencionado, a finales de 2015. Calificación de ISO que muy lejos está de corresponderse con otras evaluaciones en base a datos objetivos y en seguimiento continuo, tales como las observaciones publicadas anualmente por la entidad ASAP, Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, la cual por su parte calificó durante los años 2019 y 2020 a dicha Administración municipal del intendente Sujarchuk con la calificación más baja de todas, la de 0 (cero) en su transparencia contable, tras haber constatado como “nulo” el suministro de datos financieros  fehacientes sobre su gestión municipal  a los contribuyentes de Escobar. Tan solo en la más reciente evaluación del año en curso levantó ASAP ligeramente tan pésima calificación, otorgándole por vez primera el grado de “cumplimiento intermedio” a nuestro Municipio. En el camino quedó casi como mera anécdota la acusación del intendente Sujarchuk de que ASAP  había reprobado a su gobierno por negarse él a ser extorsionado cuando supuestamente ASAP le  exigió dinero para no perjudicarlo; acusación mediática que -hasta donde se sabe- el intendente Sujarchuk no ha cumplido en formalizar ante los Tribunales; pese a estar legalmente obligado a hacerlo, dada su condición de funcionario en conocimiento de un pretendido delito.

Observemos ahora parte de una extensa serie de razones por las cuales la actual Administración municipal de Escobar se encuentra a años luz de merecer cualquier reconocimiento en materia de transparencia administrativa, según viene desempeñándose desde diciembre de 2015. Obvio es consignar que la citada Administración imputada en este artículo dispone de espacio y pleno derecho para efectuar aquí mismo su refutación o descargo; aunque vistos sus antecedentes de despreciar una y otra vez todo pedido de informes –inclusive llegando a ignorar olímpicamente tres Oficios judiciales cursados por Agentes Fiscales en el marco de la denuncia penal   IPP -18-00-001773-19/00 tal como se describe  más adelante-  escasa expectativa cabe de que la Administración a cargo de A. B. Sujarchuk proceda en esta oportunidad a responder.

Aunque pueda resultar engorroso, hagamos algo de historia: hacia fines de 2014, el casi desconocido candidato a intendente A. B. Sujarchuk desembarcaba en Escobar a todo trapo, inaugurando local partidista en Av. Tapia de Cruz y otras localidades, machacando con su slogan Ariel HACE  para iniciar su campaña electoral ocho meses antes de lo legalmente permitido. Haciendo uso masivo -e indebido- de los postes de alumbrado público municipal para instalar su cartelería y con abrumador despliegue a cargo de cierta agencia publicitaria (cuya identidad se nos oculta celosamente hasta el día de hoy) poco tardó su rival interno, S. Guzmán, en sucumbir apabullado y pese a registrarse en 2015 un triunfo nacional y provincial de Cambiemos,  el ignoto paracaidista por el FPV logró aterrizar en el codiciado sillón de intendente de Escobar.

A partir de ahí –muy lejos de amainar-  la gigantesca maquinaria proselitista del flamante alcalde no paró de aumentar  a lo largo de sus años de gestión, cual bola de nieve, y desde entonces su incesante propaganda autorreferencial y narcisista prosiguió ignorando cualquier restricción o veda electoral  para nutrirse vorazmente en sus afanes de auto glorificación de dineros pertenecientes al Tesoro del Municipio de Escobar, según claramente se constata en las Fotografías 1 y 2 (que ilustran este artículo); evidencias escogidas entre más de una cincuentena de imágenes probatorias, según obran ante el Juzgado Federal de Zárate-Campana. Culto a la personalidad del todo contrario a la legislación y aberrante para con el sistema republicano, que no solamente se implementó mediante innumerables cartelones con el nombre, lema y retrato del intendente en funciones y solventó con  el bolsillo de los vecinos de Escobar para su despliegue a  lo ancho de nuestro extenso municipio, sino que –las evidencias indican-  también se emplearon fondos de la ciudadanía para costear pasacalles, remeras proselitistas, octavillas y lujosos folletos a color de 60 páginas, en donde el rostro del intendente llegaba a aparecer otras 60 veces.

Dichos abusos propagandísticos -a escala nunca vista-  han sido denunciados judicialmente como actos de malversación con fundamento en el Artículo CP 261, enunciado segundo “Será reprimido con la misma pena  (reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua), el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.”

Los remilgos por parte de los distintos Agentes Fiscales intervinientes –al parecer miopes ante las categóricas pruebas aportadas y pusilánimes a la hora de  doblegar el sospechoso mutismo del funcionario imputado- han derivado a su vez en consiguiente denuncia por prevaricato e incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos, tras darse parte al propio Juez Federal A. González Charvay, a cargo del Juzgado interviniente.