El puerto regasificador y la caída de producción de gas

Desde octubre, el buque emplazado en el puerto regasificador de Escobar que permite la importación de gas natural líquido (GNL) está sin actividad, ya que el Juzgado Federal de Campana ordenó clausurar aquella terminal portuaria, basado en una denuncia de 2011 de «peligro de muerte urbana masiva». Así lo informó el matutino La Nación. Este buque regasificador es el único que quedó luego de que el gobierno anterior despidiera el que estaba en Bahía Blanca. Ahora, en momentos de caída de la producción local y luego de que Bolivia se comprometiera a exportar menos gas, el abastecimiento por Escobar se vuelve aún más estratégico, como admiten en la Secretaría de Energía.

«No se puede no contar con el buque de Escobar. Implicaría tener que cortar el gas a los industriales o tener un sobre costo fiscal porque hay que reemplazar ese suministro con la quema de combustibles líquidos, que son más caros», dicen en la cartera que dirige Darío Martínez.

Para ello, la Secretaría está preparando la documentación necesaria para pedir que, apenas termine la feria judicial, se presente el Estado como tercero afectado, ya que la demanda es contra YPF, que es quien opera la terminal junto con Ieasa (la ex Enarsa, la compañía estatal de energía).

Incendio cercano al puerto

A fines de septiembre del año pasado se produjo un incendio en la zona de islas, no muy lejos del buque; según  el intendente Sujarchuk, aquel día habían circulado durante todo el día «publicaciones y audios maliciosos en las redes sociales, con intencionalidad política y con el único fin de sembrar miedo en la población, afirmando no solo que el incendio podía poner en peligro a los vecinos de la zona sino también que podía generar una explosión en el puerto regasificador». Calificó toda la situación como «una mentira perversa» y aseguró que esa posibilidad «jamás existió, primero porque las llamas nunca se acercaron a menos de dos kilómetros del gasoducto y segundo porque el lugar cuenta con protocolos de seguridad y de contingencia que harían imposible que eso sucediera».

Sin embargo, la Justicia no pareció estar muy convencida con esta última apreciación. Un mes después dispuso la clausura del puerto fundamentada en un estudio pericial, que fue ordenado por la Cámara de Apelaciones de San Martín y concluido el 14 de octubre de 2020. «El tipo de explosión (VCE y BLEVE) es de particular atención para sustancias como el GNL, y las instalaciones que operan con ella, por su elevado poder destructivo, capaz de reducir a escombros varios miles de metros cuadrados de superficie alrededor de su epicentro» se afirmó entonces desde la Justicia. «En el análisis de consecuencias se aplicaron diversos métodos de cuantificación de riesgos y de daños resultantes, identificando y cuantificando a las personas e instalaciones afectadas ante un escenario de explosiones de tipo VCE y/o BLEVE…”(VCE vapour cloud explosión y/o BLEVE boiling liquid expanding vapour explosión)». También se hacía referencia a ciertos escenarios y número de víctimas que podrían producirse por los efectos de la onda expansiva, la radiación térmica y los tiempos de exposición a la misma. Incluso, en el estudio se mencionaba la “hipótesis de sabotaje con desvío intencional de los mismos hacia los Puertos Buenos Aires, Dock Sud o La Plata», los riesgos por anegamiento y eventos de incendios forestales (intencionales y no intencionales). En particular se ha identificado a los incendios forestales de gran magnitud como un factor de riesgo para la terminal portuaria, dada su cercanía a núcleos forestales y humedales naturales así como zonas de reserva natural alrededor de la misma.

Según la compañía de origen norteamericano que administra el puerto, se trata de una operación «fantástica, con rotación de personal, cumplimiento de protocolos. No tuvimos un solo día de problemas de operaciones”.