Responsabilidad en el voto: en defensa de las votaciones nominales

Por Ciro Andrés Patiño Smokvina (Estudiante Lic. Economía – Universidad del CEMA*)

Recientemente, fuimos testigos de una confusión con respecto a una serie de votaciones en el Concejo Deliberante, donde el tenor de una publicación firmada por mi amigo dirigente Eduardo Gianfrancesco (NdR: exconcejal y referente de La Libertad Avanza en Escobar)  da a entender que el Periódico El Cazador «oculta» el voto en contra de la Concejal De Boeuf en esa serie de ordenanzas. Lejos de eso, entiendo que Gianfrancesco quiere poner de manifiesto la opacidad del Municipio en la forma de comunicar oficialmente lo sucedido en el Concejo Deliberante.
No es la primera vez que sucede algo similar en nuestro país. La votación en la Legislatura Provincial sobre las leyes impositivas de Kicillof, en diciembre del 23, tuvo un desenlace similar. Los bonaerenses sufrimos un impuestazo, pero ninguna fuerza política se hace cargo de esos votos que le dieron al Gobernador (que no tiene mayorías legislativas) la llave de oro que le permite no ajustar un céntimo del gasto público provincial, a costa de los ciudadanos y empresas (en fin, también ciudadanos) pagadores de impuestos.
Esto tiene una solución tremendamente sencilla y de fácil aplicación, que evitaría confusiones y malos entendidos pero que le daría al consumidor de este mercado electoral (el votante) información precisa sobre el producto que consume (los políticos) en su ámbito de aplicación: La Votación Nominal.
¿A qué me refiero? A que quede registrado, en cada proyecto devenido en ley, el sentido del voto de cada legislador, como sucede a nivel nacional. Y esto puede ser por cualquier método, ya sea por medios electrónicos, por llamamiento o bien por signos pero consignando el sentido del voto de cada edil. Naturalmente, cada político deberá responder por sus actos frente a sus votantes y eso, para ellos, puede ser un problema. Pero la calidad del sistema representativo no puede depender de los intereses «de casta» de un grupejo de políticos. Debe primar el «derecho a la información» (ya que tanto gustan de esa palabra) de los ciudadanos, que no son ni más ni menos que quienes pagan por los servicios de esos concejales.
De este modo, creo que la calidad democrática de cualquier sociedad mejorará gracias a esta información que muchas veces intenta esconderse, incluso, como apunta Gianfrancesco, desde el Ejecutivo, cuando, por ejemplo, indican «unanimidad», pero uno encuentra que no hay totalidad de votos positivos, sino abstenciones con fuerte sentido crítico para con el proyecto, sin desmerecer sus objetivos o intenciones.
Insto a los concejales lectores de este texto a que, usando el reglamento del propio Concejo, soliciten frente a toda votación, sobre todo en las polémicas, la votación nominal y que quede sobre la mesa qué hace cada uno.
La sociedad los demandará, como juraron el día de su asunción, o los premiará con la reelección.

* Los puntos de vista del autor no necesariamente representan la posición de la Universidad del CEMA.