Funcionario municipal tilda de «embusteros» e «hipócritas» a intendentes

El secretario general de la Municipalidad de Escobar, Carlos Beto Ramil, avivó el fuego generado por la cruzada mediática de los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Ramón Lanús (San Isidro) contra la tasa vial que se aplica en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Así lo publicó Todo Pilar Escobar.

“Son hipócritas que discuten una tasa del 1% pero a sus vecinos los destruyeron con tarifazos: en Tres de Febrero pagan 250% más de tasas y en San Isidro llegó a 130%. Pensar en el bolsillo de la gente es hacer lo que hizo la gestión eficiente de Ariel Sujarchuk, que aplicó subas que no llegan ni a la mitad de lo de San Isidro”.

Desde hace semanas, Valenzuela lidera una campaña en redes sociales y medios de comunicación para informar que en su distrito no se abona tasa vial (lo mismo hacen Morón, San Martín, San Miguel y Ezeiza, entre otros). Días atrás se unió a él Lanús, quien prometió eliminar el canon, que hoy ronda los $5 por litro de nafta y los $3 por metro cúbico de GNC.

Concejales de la oposición piden la derogación de la norma

Concejales de los bloques Cambia Escobar y La Libertad Avanza criticaron el cobro de esta tasa «cada vez que un ciudadano carga combustible en el Partido de Escobar» y presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que la busca eliminar de la ordenanza fiscal y tributaria.

Desde hace varios años, la Municipalidad de Escobar estableció la tasa  por la supuesta prestación del servicio de «conservación, reparación y mejorado de las calles y caminos de la red vial» de su jurisdicción.

«El producto de lo recaudado en concepto de tasa vial, en teoría, se destina a la prestación de los servicios tendientes a lograr la conservación, reparación, mantenimiento y preservación de las calles provinciales o municipales», señalan los concejales que presentaron la reformulación. «Más allá de los loables fines que estas tasas parecen tener, como es habitual en este tipo de tributos, los problemas aparecen cuando los contribuyentes advierten que el costo del servicio es elevado y que la prestación del servicio, en la mayoría de los casos, es inexistente, o, que en el mejor de los casos, el servicio público sólo es prestado a contados contribuyentes. Por lo cual, comienzan los cuestionamientos, muchas veces administrativos y otras, judiciales».