Sobre la libertad de expresión y de prensa

Para ilustración de ciertos funcionarios que creen que la militancia los habilita para ocupar cargos estatales relacionados con la cultura, les dejo mi comentario con el magnánimo atrevimiento de aportarles «un cacho de cultura». Siempre con la feliz esperanza de que puedan llegar a discernir entre ser serviciales o serviles.

Generosamente: Eduardo Jorge Arcuri – Escritor y dramaturgo

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La libertad de expresión y de prensa es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Está reconocida en el artículo 14 de la Constitución Nacional y protegida también por el artículo 13 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece que no pueden dictarse medidas que coarten, restrinjan o limiten la libertad de prensa. Esto significa que todas las personas tenemos derecho a expresar nuestras ideas, publicar nuestras opiniones y difundir información sin que el Estado decida arbitrariamente qué podemos decir y qué no. Por supuesto, este derecho no es absoluto. Existen límites establecidos por la ley, por ejemplo, frente a a una obra o un texto que incite al odio, haga apología del delito etc. Pero esos límites deben tener un fundamento jurídico concreto, debe haber un peligro en esa difusión de ideas. Los funcionarios y empleados públicos tienen una responsabilidad fundamental. No solo deben respetar estos derechos, sino también garantizar su ejercicio. El poder público no puede utilizar sus facultades para silenciar opiniones, impedir la difusión de ideas o decidir qué voces merecen ser escuchadas. Desde el punto de vista jurídico, la libertad de expresión impone al Estado tanto un deber de abstención —no interferir arbitrariamente en su ejercicio— como una responsabilidad de garantizar su protección. La censura es especialmente grave porque sus consecuencias van más allá de la persona directamente afectada: también limita el acceso de la sociedad a distintas ideas, perspectivas e informaciones. Cuando se impide que una expresión llegue a los demás, se afecta tanto a quien quiere comunicarla como a quienes tienen derecho a conocerla. Defender la libertad de expresión no significa estar de acuerdo con todo lo que se dice, se escribe o se publica. Significa entender que, en una democracia, las diferencias se resuelven mediante el debate, la crítica y la confrontación de ideas, y no mediante el silenciamiento. La responsabilidad del Estado es garantizar ese espacio de libertad, incluso cuando las ideas expresadas resultan incómodas o impopulares.