Debate por escape libre en vehículos: LLA se opone a intervenciones directas

Un amplio consenso atraviesa por estas horas el Concejo Deliberante, donde se debate un proyecto de ordenanza que apunta a prohibir la circulación de vehículos con escape libre, una práctica tan ruidosa como extendida.

Las únicas objeciones formales que provinieron del bloque opositor La Libertad Avanza (LLA), que si bien acompaña el espíritu de la iniciativa, busca trazar —según sus propias palabras— “un límite claro al poder del Estado”. En ese sentido, el espacio libertario solicitó la eliminación de los artículos que habilitan al Municipio a intervenir materialmente sobre vehículos particulares.

Para LLA, el rol del Estado municipal es inequívoco: controlar y sancionar cuando corresponda. “Lo que no puede hacer es alterar, reparar, cambiar piezas o modificar un bien privado sin el consentimiento del titular o sin una orden judicial”, remarcaron. La defensa del orden, sostienen, no puede avanzar sobre la propiedad privada. “La libertad también se cuida respetando la Constitución, el derecho de propiedad y el principio de legalidad”.

Uno de los cambios centrales que impulsa el bloque opositor consiste en eliminar aquellas disposiciones que atribuyen al Municipio facultades que —afirman— resultan contrarias al orden constitucional y legal vigente, en tanto permitirían la intervención material directa sobre bienes de propiedad privada, particularmente vehículos, sin las garantías legales correspondientes.

Desde el marco jurídico aplicable, LLA advierte que el Municipio no se encuentra habilitado para alterar, reparar, cambiar piezas, modificar el escape o intervenir materialmente un vehículo sin el consentimiento expreso del titular del dominio o sin una orden judicial expresa y debidamente fundada. “Cualquier actuación en ese sentido configuraría una vía de hecho administrativa”, señalaron, al tiempo que enumeraron posibles vulneraciones: el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, el principio de legalidad que rige la actuación administrativa y las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, que protegen el dominio frente a actos arbitrarios del Estado.

Finalmente, el bloque hizo hincapié en que el ejercicio del poder de policía municipal habilita a controlar, sancionar o disponer medidas preventivas, pero no a modificar, reparar o intervenir bienes ajenos. Hacerlo —advirtieron— implicaría una afectación ilegítima del derecho de propiedad y abriría una zona gris donde el ruido no sería el único problema, sino también los límites del poder público.