Certificación ISO 37001: ¿Adiós a la corrupción?

Es habitual escuchar al intendente Ariel Sujarchuk destacar que el Municipio de Escobar es el primer organismo de gobierno en Argentina en obtener la certificación de “gestión transparente” ISO 37001 (1).

Pero, ¿cuál es el verdadero alcance de la certificación ISO 37001 que, para quienes no están familiarizados con la norma, podría parecer a la luz de los dichos del intendente, una garantía absoluta de transparencia en todos los aspectos de la gestión municipal?

Analicemos.

Considerada a nivel mundial como la norma más relevante en materia de prevención de sobornos, la ISO 37001 establece requisitos para implementar un sistema de gestión que permita prevenir, detectar y enfrentar actos de corrupción. A tal efecto, el ente peticionante -ya sea público o privado- debe diseñar e implementar políticas, procedimientos y controles específicos contra el soborno; capacitar al personal en ética y prevención de cohechos y someterse a auditorías periódicas, tanto internas como externas.

Una vez cumplidos estos requisitos, el organismo certificador evalúa el sistema implementado y, si este se ajusta a la norma, otorga la certificación.

Sin embargo, pese a la importancia que la certificación reviste, ésta no garantiza por sí sola la ausencia de sobornos en una organización, por cuanto, al depender su efectividad enteramente de la voluntad del solicitante para aplicar el sistema de forma genuina, no puede soslayarse que la misma podría convertirse también en una mera herramienta de marketing o en una «pantalla» para ocultar prácticas corruptas que se lleven a cabo fuera del sistema formal.

Tampoco podemos dejar de considerar que, si bien la norma es valiosa como marco de prevención del soborno, ésta no aborda directamente cuestiones claves en la administración pública, como la gestión e imputación de gastos; la evaluación de la oportunidad, mérito y conveniencia de las decisiones presupuestarias y la transparencia en la contabilidad y trazabilidad de los fondos públicos, para lo cual se requieren otras medidas complementarias como, por ejemplo, la aplicación de la norma ISO 9001 para documentar y estandarizar procesos administrativos; la implementación de políticas activas de acceso a la información pública mediante portales donde los ciudadanos puedan consultar presupuestos, detalles de gastos y resultado de auditorías; la implementación de presupuestos participativos y audiencias públicas como herramientas que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones o la práctica periódica de auditorías externas que, realizadas por organismos independientes, certifiquen la correcta gestión de los fondos públicos.

Sin medidas adicionales como las narradas, la ISO 37001, aunque útil, no asegura una gestión pública transparente e íntegra en su totalidad por cuanto, si bien ella evalúa el diseño e implementación de un sistema formal, no puede garantizar que la organización esté libre en la realidad de prácticas corruptas, ya que no investiga prácticas externas al sistema, habida cuenta de que el organismo certificador no está diseñado para detectar sobornos que ocurran fuera del marco documentado; su efectividad depende de la voluntad del solicitante, dado que si la intención del organismo es solo mejorar su imagen pública, los controles del sistema pueden volverse ineficaces; y no examina intenciones ocultas por lo que una organización puede cumplir técnicamente con la norma mientras opera paralelamente con prácticas corruptas.

Por ello, aunque la certificación es un paso positivo, su efectividad depende del compromiso genuino del liderazgo de la organización para aplicar sus principios de manera honesta y consistente.

En definitiva, la certificación ISO 37001 puede ser considerada como un avance importante en la lucha contra la corrupción, pero no debe ser utilizada como una muletilla para exaltar una gestión sin un sustento integral, ya que, sin políticas complementarias de acceso a la información, participación ciudadana y auditorías independientes, no puede por sí sola garantizar la transparencia ni la ética en la gestión pública.

De ahí que el verdadero desafío no es solo obtener la certificación, sino demostrar con hechos que el Municipio de Escobar, o cualquier otro organismo, realmente prioriza la transparencia y la lucha contra la corrupción en cada aspecto de su administración.

Dr. Marcelo Luis Soto

(1) Sujarchuk dixit: “Nos enorgullece que Escobar tenga el primer gobierno del país en recibir la certificación de gestión transparente, pero también nos gustaría no ser los únicos y que otros distritos y organismos públicos se sumen. Gestionar no es solamente administrar bien sino también generar buenas prácticas ciudadanas” CLARÍN ZONALES (edición digital del 17/11/2021).