Semáforos + fotomultas: ¿Prevención o negocio para recaudar?

En la Provincia de Buenos Aires se procesa mensualmente un promedio de 450.000 fotomultas, cuya recaudación se distribuye en un 40% para el municipio en que se cometió la infracción, 40% para el prestador del servicio y 20% para la provincia.

Así, si tomamos las cuatro infracciones que el sistema registra, I) pasar semáforo rojo, II) circular a exceso de velocidad, III) girar a la izquierda en lugar prohibido, IV) invadir senda peatonal, veremos que las tres primeras conllevan una sanción que va desde 300 a 1.000 UF, y la última de 50 a 100 UF, guarismos que convertidos a pesos, oscilan entre $ 419.400 y $ 1.398.000 y entre $ 69.900 y $ 139.800, respectivamente, generando una recaudación anual promedio que fluctúa entre $ 188.730.000.000 y $ 629.100.000.000.

A su vez, al analizar la ubicación y el funcionamiento de las cámaras que registran las infracciones, surge un patrón preocupante: muchos de estos dispositivos están situados en lugares estratégicos que inducen a infracciones difíciles o imposibles de evitar debido a la falta de señalización que informe de su presencia; o a la existencia de señalizaciones cuya visualización se encuentra obstaculizada o que imponen reducciones de velocidad tan imposibles como peligrosas; o a semáforos mal sincronizados y/o con tiempos absurdos que dejan al conductor atrapado sobre sendas peatonales no demarcadas, generándole una  fotomulta incluso cuando no existe un riesgo ni potencial ni real para los peatones.

Además, es moneda corriente que el sistema registre la misma infracción con escasos segundos de diferencia, generando duplicidad de actas que, si pasan desapercibidas, llevan al conductor a pagar dos veces por el mismo hecho, violando el principio jurídico de «non bis in idem», que prohíbe sancionar dos veces por la misma falta.

Otro aspecto cuestionable es que, si un conductor circula a exceso de velocidad, la fotomulta registra la infracción pero no cumple una función preventiva. No detiene al conductor para verificar si está en condiciones de seguir manejando, ni evita un potencial accidente, lo cual deja en evidencia que el sistema está más enfocado en recaudar que en garantizar la seguridad vial.

Refuerza esta idea, el hecho de que si bien la ley establece escalas en la graduación de las multas a aplicar, es usual que en las actas se fijen las sanciones económicas en el máximo de las escalas sin considerar si el infractor es reincidente o no, ni los atenuantes que hubieren podido rodear a la presunta infracción, y se ofrezca una reducción del 50% por pago voluntario (que se pierde en caso de querer cuestionarla, ejerciendo el derecho de defensa), sin incluir medidas adicionales como cursos de rehabilitación o trabajos comunitarios, que podrían tener un impacto más positivo en la prevención.

Es obvio, pues, que las fotomultas tienen una función netamente recaudatoria y que el único interés del municipio y el concesionario coparticipado es el de que la interacción de cámaras y semáforos funcione “aceitadamente”, garantizando la eficiencia de una trampa cazabobos que les proporcione pingües ingresos.

Un ejemplo claro de esta dinámica es el reciente reacondicionamiento de semáforos en la Avenida San Martín (Ruta 25), donde se han instalado, además, nuevos dispositivos en lugares que no siempre coinciden con las solicitudes de los vecinos, como así tampoco se ha priorizado su sincronismo, lo que hará que se sigan generando congestiones de tránsito y, obviamente, más infracciones, reforzando la sospecha de que el objetivo principal es maximizar la recaudación y no mejorar la fluidez vial o la seguridad.

Surge, entonces, un nuevo interrogante: ¿quién financia estos trabajos?

Según la página oficial de la empresa contratista Tecnotrans SRL, la Municipalidad de Escobar se encuentra entre sus clientes. Sin embargo, al día de hoy -y pese a la “transparencia” de la que tanta alharaca hace el intendente Sujarchuk-, los vecinos -que somos los que en definitiva solventamos estos gastos-, no sabemos si el vínculo se estableció mediante una licitación pública, un concurso de precios o una contratación directa. Tampoco se ha transparentado el costo total de estos trabajos,  que, hasta ahora, lejos de resolver los problemas de fluidez y seguridad en el tránsito han cosechado más críticas que soluciones.

En definitiva, todo apunta a que el sistema de semáforos y fotomultas está pergeñado para recaudar antes que para prevenir.

Así, mientras los conductores y vecinos siguen sufriendo las consecuencias de un tránsito mal gestionado, municipio y concesionario parecen beneficiarse de un modelo que prioriza los ingresos económicos por sobre la seguridad y el bienestar ciudadano.

Dr. Marcelo L. Soto