Proyecto de ley para limitar los abusos en las tasas municipales: participación escobarense en el Congreso de la Nación

La semana pasada tuvo lugar en el Congreso de la Nación un acontecimiento de especial relevancia que podría marcar un punto de inflexión respecto de las prácticas adoptadas por numerosos municipios —entre ellos Escobar— que han desvirtuado el verdadero sentido de las tasas municipales. El encuentro, organizado por la diputada nacional Patricia Vázquez (LLA), se realizó en el Salón Blanco del Congreso y contó con la participación de la ONG Lógica, presidida por el tributarista Matías Olivero Vila, y otras organizaciones de la sociedad civil.

La jornada tuvo como eje la presentación de un proyecto de ley sobre la “Razonabilidad Tributaria de las Tasas Municipales”, una iniciativa que la legisladora viene impulsando con dedicación y que fue elaborada con el acompañamiento y asesoramiento de destacadas personalidades del ámbito jurídico e institucional, entre ellas juristas, magistrados, exjueces de la Corte Suprema y reconocidos constitucionalistas.

La iniciativa propone establecer criterios constitucionales mínimos de razonabilidad fiscal, disponiendo que las tasas municipales solo sean válidas cuando exista una contraprestación concreta, efectiva e individualizada para el contribuyente, evitando así su utilización como instrumentos de recaudación general o como impuestos encubiertos. La intención es poner fin a la política de aquellos distritos en los que las tasas han dejado de reflejar su finalidad original —la retribución de servicios como el mantenimiento de calles, la limpieza o la iluminación— para transformarse en recursos destinados a sostener estructuras burocráticas, gastos políticos y otras erogaciones consideradas ajenas a su naturaleza.

El proyecto precisa que se considera tasa únicamente a aquella prestación pecuniaria cuyo hecho imponible sea la efectiva prestación de un servicio público que reporte un beneficio directo al contribuyente o a un bien determinado. En ese sentido, prohíbe expresamente la creación o aplicación de tasas que funcionen como impuestos encubiertos o que carezcan de una vinculación directa con el servicio brindado. Entre los requisitos esenciales de validez, la iniciativa establece la existencia comprobable de la prestación estatal, la identificación del contribuyente como destinatario directo del servicio y una razonable proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto exigido. Además, impone a los municipios la carga de demostrar la efectiva prestación del servicio, su individualización y su costo, tanto en sede administrativa como judicial. El proyecto también sostiene que las tasas exigidas sin cumplir estos requisitos afectan de manera ilegítima el derecho de propiedad y pueden adquirir carácter confiscatorio cuando absorben una porción sustancial de la renta o del capital del contribuyente. En tales casos, habilita la nulidad de las ordenanzas municipales y la posibilidad de reclamar la devolución de las sumas indebidamente abonadas. En sus fundamentos, Vázquez y los diputados firmantes respaldan la iniciativa con recientes fallos de la Corte Suprema, entre ellos los casos Gasnor contra la Municipalidad de La Banda y Compañía Química contra una comuna bonaerense, además de la declaración de inconstitucionalidad de la denominada “ecotasa” en 2024. En todos estos precedentes, el máximo tribunal reafirmó que las tasas solo son válidas cuando existe una contraprestación concreta, efectiva e individualizada.