Ambientalistas de Escobar advierten riesgos ecológicos en la nueva licitación de la Hidrovía

La Asociación Ambientalista del Partido de Escobar difundió una nota sobre la ausencia de un estudio de impacto ambiental en el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una denuncia que ahora fue formalizada por la Fiscalía Anticorrupción. El trabajo publicado sostiene que el río Paraná y sus humedales “se encuentran en riesgo debido a que se proyecta, entre otros, ensanchar y profundizar el actual dragado de 10,36 metros a 13,41 metros (o de 34 a 44 pies), es decir “3 metros más”, sin efectuar un Estudio de Impacto Ambiental, conforme fuera identificado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025. Con el agravante que ya se han identificado “impactos severos” y se encuentran “en peligro los servicios ambientales”, que sostienen a la sociedad, como es el abastecimiento de agua de millones de personas y de las actividades económicas”.

A su vez, la PIA advirtió —al igual que en licitaciones anteriores— que el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental debe estar a cargo de la autoridad nacional en materia ambiental (Subsecretaría de Ambiente) y culminar con una Declaración de Impacto Ambiental previa a la determinación del proyecto, a efectos de identificar su “viabilidad”. Según señaló, esa omisión no puede subsanarse mediante la incorporación de informes o planes de gestión ambiental. «En este contexto, y en el marco del procedimiento licitatorio, la PIA recibió una serie de denuncias y presentaciones en las que se fundamentaron distintas irregularidades en el procedimiento y en los pliegos licitatorios». Dichas presentaciones fueron acompañadas por diversos actores de la sociedad, entre ellos organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios y una de las firmas participantes de la licitación.

Por otra parte, «la PIA identificó además la inadecuada redacción de la cláusula anticorrupción, distorsiones en la forma de evaluación de las ofertas —con posible vulneración al principio de transparencia y presunto “direccionamiento” del proceso para favorecer a determinados grupos empresarios y restringir la competencia real— y deficiencias en las intervenciones del servicio jurídico permanente de la ANPYN». Sobre este último punto, señaló uno de los mayores vicios: “el de convertirse en simples apéndices de la voluntad política, dejando de lado el deber de propender a que dicha voluntad se encauce de manera regular”. En la misma línea, la PIA agregó que se intentó simular un procedimiento de participación ciudadana. Advirtió el incumplimiento de la Ley 27.566 —Acuerdo de Escazú— en lo relativo al acceso a la información ambiental durante el proceso de la Audiencia Pública Informativa, ya que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) presentó un “volumen excesivo de información” —más de 9.000 páginas— en un plazo muy breve para ser analizado, lo que sobresaturó e impidió una participación ciudadana real y efectiva.

En cuanto a la documentación licitatoria, el organismo señaló que la ANPYN “repitió irregularidades” que ya habían sido advertidas en procedimientos anteriores y que la propia administración del organismo había dejado sin efecto. «Como consecuencia de las irregularidades administrativas detectadas, que podrían derivar en consecuencias penales», la PIA realizó una presentación ante la Fiscalía Federal N° 9, en el marco de la causa N° CFP 478/25, correspondiente al Juzgado Federal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pesar de estas graves advertencias, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) ratificó que el cronograma licitatorio continuará sin modificaciones. El próximo martes 19 de mayo se llevará a cabo la apertura de las ofertas económicas.