ONG con participación escobarense cuestiona la modificación de la Ley de Glaciares

El Senado le dio media sanción este jueves al proyecto que modifica la Ley de Glaciares, lo que ha generado el rechazo de distintos grupos ambientalistas. Aún resta su tratamiento en la Cámara de Diputados para que se convierta —o no— en ley vigente. El Gobierno nacional impulsa la iniciativa, con la idea de “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución nacional”. Sin embargo, para sus críticos la modificación podría constituir una “regresión ambiental inconstitucional”, ya que iría en contra del Acuerdo de Escazú, al que adhirió la Argentina.

Numerosas organizaciones y particulares alzaron la voz en contra del proyecto. Entre ellos se encuentra Agenda Pendiente, un grupo de referentes ambientalistas integrado por reconocidas figuras, como Daniel Sabsay, Daniel Ryan, Elsa Kelly, Natalia Langer, Mariano Lattari, Eugenia Testa, Nahuel Breglia, Alejandro Winograd y un vecino de Belén de Escobar, Marcelo Román.

En el mensaje difundido se enumeran una serie de consideraciones que buscan enriquecer el debate y se pone el acento en considerar la modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639, 2010) «una regresión injustificada de la normativa ambiental de la Argentina»:

Se trata de una ley de enorme importancia para la protección de bienes públicos que resultan en reservas estratégicas de agua dulce, particularmente, en una región del país en donde ese recurso es crítico. La actual ley de Glaciares no es una ley anti minera; se desarrollan y se podrían desarrollar innumerables proyectos mineros sin afectación alguna a los glaciares y su área periglaciar. La Ley de Glaciares representa la protección del 1% del territorio de los Andes. Es de enorme preocupación que la propuesta de modificación desplace el enfoque científico con que está diseñada la norma, representado en el rol fundamental que se le asigna al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). En cambio, se propone un mecanismo absolutamente discrecional, que estará basado en evaluaciones provinciales fragmentadas, sin solidez y con una muy baja base informativa real. La norma ha cumplido ya 15 años de vigencia. Por supuesto que una evaluación de sus logros, fortalezas y debilidades sería algo perfectamente apropiado para realizar. Para ello se debería escuchar la experiencia desarrollada por el ANIGLA, al sector no gubernamental, a los gobiernos provinciales, al sector corporativo. Buscando contribuciones claras y propositivas para mejorar y ajustar un régimen tan importante. En cambio, se ha decidido apresurar el trámite, y avanzar sin una evaluación sensata y bien informada. Los abajo firmantes, que conformamos la Agenda Pendiente, rechazamos la propuesta impulsada por el Gobierno Nacional para desactivar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.