Un petitorio, un cartel y una paradoja: “Hagan las obras”

El intendente Sujarchuk participó de la firma de un petitorio junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y más de 200 intendentes de todo el país, que culminó con la presentación del documento ante el Ministerio de Economía de la Nación. Allí se elevaron planteos al ministro de Economía, Luis Caputo para visibilizar el impacto de las recientes medidas económicas y promover soluciones concretas.
“El industricidio que está atravesando la Argentina en este momento afecta de manera clave el corazón de las economías municipales. No arreglan las rutas nacionales, a pesar de que cobran fortunas en el impuesto a la nafta, están desfinanciando al PAMI, no mandan vacunas del calendario, paralizaron toda la obra pública… ¿Y hablan de las tasas municipales, que implican menos del 3% de lo que se recauda en el país? A esto se suma el ahogo financiero que viene sufriendo la provincia de Buenos Aires, junto a otras provincias, y la caída en la coparticipación. Yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria. Lo que no puede pasar es que el ajuste recaiga esencialmente sobre los trabajadores, los jubilados, y el sector productivo”, expresó Sujarchuk.

La fotografía difundida por la propia Municipalidad no deja de ser contradictoria: el intendente firmando el petitorio de los 200 intendentes frente a un cartel que exige “Hagan las Obras”. Un reclamo que él dirige hacia la Nación, pero que los vecinos de Escobar le formulan, con igual énfasis y desde hace varios años, a su administración.

Sujarchuk está en su derecho de reclamar y de cuestionar las políticas del Gobierno Nacional. Ese no es el problema. La cuestión de fondo radica en el intento de justificar una gestión que, para una parte importante de los vecinos de Escobar, resulta insuficiente o mediocre, apelando a argumentos que pierden solidez, como la falta de recursos provenientes de la Nación.

Tras  diez años de gestión, resulta legítimo preguntarse hasta qué punto es válido seguir atribuyendo las falencias estructurales del distrito exclusivamente a factores externos. Si bien el contexto económico nacional incide, la continuidad en el poder también implica responsabilidad sobre los resultados acumulados y la planificación a largo plazo.

Las dificultades cotidianas de los vecinos reflejan esa brecha entre el discurso y la realidad: calles intransitables que, ante cada lluvia, se convierten en barriales que limitan la circulación; un deterioro vial marcado por baches que no solo afectan la movilidad, sino que generan costos constantes en mantenimiento de vehículos; y una presión impositiva municipal elevada en comparación con otros distritos bonaerenses que, sin embargo, logran ofrecer servicios más eficientes, especialmente en áreas como la limpieza urbana y la recolección de residuos verdes.

A esto se suma una estructura municipal que creció significativamente durante años de mayor disponibilidad de recursos, generando una planta de personal difícil de sostener en contextos de restricción fiscal, sin que ello derive en mejoras proporcionales en la calidad de los servicios. Asimismo, se cuestiona la asignación de recursos a acciones de comunicación y posicionamiento político —tanto en períodos electorales como fuera de ellos—, incluyendo la contratación de figuras del espectáculo, en una estrategia que parece priorizar la visibilidad del intendente por sobre la resolución de problemas estructurales del distrito.

Frente a este panorama, resulta inevitable preguntarse si no estamos ante un claro despilfarro de recursos o, al menos, ante una preocupante falta de prioridades en la inversión. La situación de los barrios es el ejemplo más evidente: tras años de gestión, cuesta entender cómo no se ha logrado —o no se ha intentado seriamente— revertir un deterioro cuya gravedad ya es inocultable.

En este contexto, el debate trasciende el legítimo reclamo hacia la Nación y se desplaza hacia la necesidad de una revisión profunda de la gestión local, sus prioridades y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, en función de las demandas concretas de los vecinos.