Presión fiscal en Escobar: del hipermercado al changuito del vecino

Ayer analizábamos en este medio el nivel de gasto que demanda el Concejo Deliberante local en comparación con otros distritos del país (Concejos Deliberantes bajo la lupa: el lugar que ocupa Escobar). Hoy corresponde detenernos en otro aspecto sensible: el peso de las tasas municipales que abonan los hipermercados y que, inevitablemente, se trasladan a los precios de los productos que comercializan. En definitiva, son los clientes —mayoritariamente vecinos del partido— quienes terminan pagando más cuando la Municipalidad incrementa la carga tributaria.

Los números permiten dimensionar la discusión. Mientras distritos como Avellaneda y La Matanza aplican alícuotas del 1,8% y 2% sobre la facturación, respectivamente, en Escobar la tasa asciende al 2,7%. Es cierto que existen municipios con cargas aún más elevadas: Lanús llega al 6% y Pilar al 4,5%. Podría argumentarse, entonces, que Escobar no encabeza el ranking. Sin embargo, la comparación no agota el debate: el punto central es cuánto impacta ese porcentaje en la economía cotidiana de los vecinos.

Desde el oficialismo suelen esgrimirse consignas como “que paguen más los que más tienen”. Pero ese razonamiento omite un aspecto elemental del funcionamiento económico: las empresas trasladan los mayores costos a los precios finales. Así, la presión fiscal no recae en abstracto sobre grandes cadenas, sino en el bolsillo concreto de quienes hacen sus compras.

Un dirigente identificado con La Libertad Avanza sostiene que “los intendentes decidieron quitarle poder de compra al vecino”. Más allá de su pertenencia partidaria, el señalamiento obliga a revisar datos objetivos. Estas tasas se implementaron en 2024 y también alcanzaron a entidades bancarias. El interrogante es por qué, en lugar de revisar el nivel de gasto público —que creció tras la incorporación de miles de empleados a la administración municipal— no se avanza en una política de austeridad que alivie la carga tributaria.

Reducir el gasto implica decisiones complejas y costos políticos evidentes. Nadie desconoce la dimensión social de cualquier recorte, ni los bajos salarios que perciben muchos trabajadores estatales. Pero eludir el debate estructural y optar sistemáticamente por incrementar tasas tampoco resulta inocuo: el ajuste, en ese caso, se traslada de manera silenciosa y progresiva al conjunto de los contribuyentes.

En última instancia, la discusión no es meramente contable. Se trata de definir qué modelo de gestión se prioriza: uno basado en la expansión permanente del gasto financiado con mayor presión fiscal, o uno que procure equilibrio, eficiencia y alivio para quienes sostienen con su esfuerzo diario el funcionamiento del municipio.