Policía Municipal en debate: reparos y sugerencias en el Concejo Deliberante (I)

 

La creación de la Policía Municipal, en medio de un clima de inseguridad creciente que afecta al distrito de Escobar y a casi toda la Provincia de Buenos Aires, fue aprobada por amplio consenso en el Concejo Deliberante. De este modo, los ediles reconocieron, aunque implícitamente, que una de las políticas fundamentales del Estado provincial —la de brindar seguridad a sus ciudadanos— no está cumpliéndose a cabalidad. El «Estado presente» falla en uno de los objetivos más esenciales y valorados por la ciudadanía.
La ordenanza, sin embargo, no estuvo exenta de críticas ni de propuestas para optimizar su contenido.
Pocos concejales objetaron algunos de sus artículos, pero quienes lo hicieron sorprendieron por su determinación.
Las concejales Florencia Campo y María Gabriela Hernández, del bloque Pro-Libertad, se destacaron por su firmeza y autonomía: ambas realizaron un análisis exhaustivo del proyecto y propusieron varias modificaciones.
Algunas de sus propuestas fueron aceptadas por sus colegas, mientras que otras no lograron el consenso necesario.
Así, estas dos concejales fueron las únicas en rechazar ciertos artículos de la ordenanza.
Entre los puntos más destacados de sus observaciones estuvo la necesidad de coordinar el accionar de la Policía Municipal con el de otras fuerzas de seguridad, como la Policía Bonaerense y la Federal, y de establecer de forma inequívoca el rol «preventivo» de la Policía Municipal. Además, pensando en los agentes que integrarán esta fuerza, solicitaron evitar un sistema disciplinario más riguroso que el aplicado a otros empleados municipales, manteniendo las distinciones propias de sus funciones. Asimismo, subrayaron la importancia de que los agentes sean considerados empleados municipales, evitando cualquier confusión que sugiera que poseen «estado policial».

En defensa de la democracia y el orden constitucional

Entre las propuestas que no lograron ser aprobadas estaba la de cambiar la denominación de «Policía Municipal». Esta sugerencia pretendía prevenir posibles confusiones, ya que el término «Policía» podría inducir a error respecto a la naturaleza exclusivamente preventiva de sus funciones.
Tampoco se alcanzó un acuerdo en la redacción del artículo 30, que establece la obligación de «defender la democracia y el orden constitucional».
Al respecto, señaló la concejal Hernández: “Esta norma, en el contexto de esta ordenanza, es complicada e incluso peligrosa. ¿Quién determinaría cuándo un agente de la Policía Municipal de Escobar debe actuar en defensa de la democracia? ¿Sería el jefe de la Policía Municipal, el Departamento Ejecutivo, o cada agente? En manos de gobernantes inescrupulosos, esta disposición podría convertirse en una herramienta represiva, que excede las facultades de un gobierno municipal. ‘Respetar y proteger la democracia’, si;  en cambio ‘defender la democracia’ es un concepto delicado».
Otro artículo que ambas concejales rechazaron es el que impide el ingreso a la Policía Municipal a personas con antecedentes por violaciones a los derechos humanos, según registros de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y otros organismos pertinentes. La concejal Hernández argumentó que «la Constitución establece que todos son iguales ante la ley y tienen derecho a acceder a empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. El art. 38 en el inc. b) aprobado refiere sólo a ‘antecedentes’, debería dejar en claro, que sólo es respecto de los que tienen ‘condena firme'».

Facultad de aprehensión

Un aspecto en el que sí lograron incidir fue la aclaración sobre la ‘facultad de aprehensión’ de los agentes municipales. Sobre este asunto, señalaron que, de acuerdo con la Constitución Provincial y el Código Procesal Penal, cualquier persona puede aprehender a otra en flagrante delito o fuga. Por eso consideraron necesario especificar que los agentes municipales tienen esta facultad en igual medida que cualquier otro vecino de la Provincia de Buenos Aires, pero sin ampliarla.
Un punto que en cambio lograron modificar en forma parcial fue el control y la fiscalización de la Policía Municipal, que incluye la creación de una Comisión de Fiscalización. Las concejales propusieron que esta funcionara en el ámbito del Concejo Deliberante, para que fuera independiente del Departamento Ejecutivo. La propuesta fue rechazada, aunque se acordó aumentar el número de representantes del Concejo en dicha comisión y definir sus funciones mínimas en la ordenanza, que incluirían la supervisión de mapas del delito, estadísticas, recepción de denuncias vecinales sobre el accionar de la Policía Municipal, solicitudes de informes a la Secretaría de Seguridad, reglamentación del uso de armas no letales, y la capacitación del personal. «Este punto es crucial para garantizar un control adecuado de la nueva Policía,» concluyó la concejal Hernández.