Policía Municipal en debate: reparos y sugerencias en el Concejo Deliberante (III)

Ambas ediles, que se opusieron a ciertos artículos y propusieron modificaciones, algunas de las cuales fueron aceptadas, coincidieron en que el trabajo fue “profundo, en conjunto con la Presidente del HCD y la Secretaria de Seguridad, sobre los puntos de disidencia y las propuestas de modificación”.

La concejal Campo describió un panorama sombrio en materia de inseguridad: «Los municipios bonaerenses se ven más que nunca obligados a actuar en materia de seguridad ante la evidente ineficiencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires». También instó al oficialismo, «que comparte espacio político con el Gobernador, a exigirle mayor y mejor seguridad». Según la edil, «la seguridad que brinda la Provincia de Buenos Aires es tan ineficaz que no solo tenemos un cuerpo de preventores, sino que ahora creamos dos más”. Y se preguntó, «qué sucederá con los empleados municipales que actualmente forman parte del Cuerpo de Preventores».

Si bien no todas las propuestas de ambas concejales fueron incorporadas a la ordenanza, varias se reflejaron en su texto final, lo que, según ellas, demuestra que “cuando se quiere trabajar juntos, por el bienestar del vecino, es posible hacerlo. El bloque entendió que, dado que el oficialismo cuenta con 13 de los 24 ediles del HCD, era importante trabajar arduamente en el proyecto y consensuar modificaciones». Por ello, optaron por no rechazar la ordenanza, al considerarla una versión mejorada de la propuesta original y una herramienta útil para la seguridad de los vecinos, con funciones preventivas enmarcadas en la legalidad. Así, la concejal Hernández, de Proyecto Escobar, apoyó el proyecto, mientras que Campo se abstuvo de votar, argumentando que, aunque respetaba el trabajo del bloque, “ganas de no apoyar el proyecto no me faltaron”.

En el tratamiento particular del articulado, manifestaron varias veces sus disidencias.

Rechazaron el artículo 30, por considerar que atribuir a una Policía Municipal el deber de “defender la democracia” excede las facultades constitucionales y podría llevar a abusos peligrosos para los vecinos. Igualmente, votaron en contra del inciso d) del artículo 33, que autoriza el uso de armas no letales para “controlar disturbios o manifestaciones”.

También se opusieron al inciso d) del artículo 38, que prohíbe el ingreso a la Policía Municipal de personas con antecedentes por violaciones a los Derechos Humanos, al entender que no se aclaran los tipos de antecedentes y que esta medida resulta discriminatoria y contraria a la Constitución Nacional, que solo exige idoneidad. Además, la norma ya prevé prohibir el ingreso de personas condenadas por delitos dolosos.

Rechazaron además los artículos 40 y 41, que delega al Departamento Ejecutivo el Régimen Disciplinario de empleados municipales, especialmente cuando la ordenanza no contempla mecanismos de protección para los agentes de la Policía Municipal, expuestos a riesgos inherentes a su actividad.