Polémica en Loma Verde: vecinos quieren cerrar un barrio abierto con un portón

Son varias las manzanas enclavadas en el corazón del barrio Don Miguel, en la localidad de Loma Verde, donde durante años la vida cotidiana transcurrió sin más límites que los impuestos por la propia geografía del lugar. Se trata de un barrio abierto, de circulación libre, integrado al entramado urbano y a la dinámica comunitaria.

Sin embargo, ese esquema comenzó a resquebrajarse cuando, en nombre de una mayor seguridad, un grupo de vecinos decidió avanzar con la instalación de un portón en el único acceso al barrio, modificando de hecho su naturaleza.

La iniciativa habría contado con el aval de algunos vecinos, quienes incluso habrían reunido cerca de cuatro millones de pesos para concretar la obra. No obstante, las dudas legales, administrativas y sociales que hoy rodean al proyecto comienzan a multiplicarse.

“Soy propietaria de una vivienda —expresa una mujer— y no estoy de acuerdo con esta medida. Siempre fue un barrio abierto y deseo que lo siga siendo”.

Además, advierte que la Municipalidad ya habría anticipado la suspensión de la recolección de residuos y de otros servicios públicos como consecuencia de este eventual cierre. En los hechos, los vecinos deben caminar hasta seis cuadras para depositar sus residuos domiciliarios en un contenedor de grandes dimensiones cuyo origen y titularidad nadie parece poder precisar.

Para la vecina, el problema es aún más profundo, ya que sospecha que todo el procedimiento podría ser abiertamente ilegal. “Tengo entendido que, para que un barrio abierto se transforme en barrio cerrado o privado, debe existir el consentimiento del 100 % de los propietarios. Además, los vecinos deberían adquirir al Municipio todos los espacios públicos —calles, veredas y plazas— previo a una modificación territorial y legal aprobada tanto por el Departamento Ejecutivo como por el Concejo Deliberante”.

A ello se suma que las supuestas mejoras en materia de seguridad, que los impulsores del portón sostienen como principal argumento, podrían verse neutralizadas —o incluso agravadas— ante la eventual interrupción del patrullaje policial y municipal en el nuevo «barrio cerrado». El costo para los vecinos también sería significativo: deberían asumir el mantenimiento de los espacios públicos, el alumbrado, las calles y las responsabilidades legales derivadas del personal contratado.

Mientras tanto, existen reclamos formales presentados ante la Municipalidad.

El caso expone una problemática que excede largamente a un solo barrio: la tensión entre seguridad, derechos individuales, uso del espacio público y responsabilidad del Estado. ¿Puede un grupo de vecinos cerrar calles públicas sin un proceso legal claro? ¿Quién garantiza los derechos de quienes disienten? ¿Y qué rol debe asumir el Municipio frente a hechos consumados que alteran la fisonomía urbana y la convivencia comunitaria?

Por ahora, las respuestas siguen siendo una incógnita.