Organizaciones ambientalistas: «El futuro del Paraná merece transparencia, participación y justicia ambiental, no decisiones bajo sospecha»

Las organizaciones socioambientales y de Derechos Humanos que intervienen como actoras en la causa vinculada a la Hidrovía —entre ellas, la Asociación Ambientalistas de Escobar— manifestaron su profunda preocupación tras conocerse la sentencia que rechazó el amparo colectivo que habían presentado. Según señalaron, la resolución fue dictada «con argumentos totalmente arbitrarios» y lleva la firma del juez Gastón Salmain, «quien acaba de ser suspendido y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura en el marco de graves acusaciones de corrupción judicial». Además, el magistrado «se encuentra procesado por cohecho, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Las entidades sostienen que el fallo representa un serio retroceso en materia de protección ambiental y cuestionan especialmente la interpretación realizada sobre el principio precautorio, uno de los pilares del derecho ambiental moderno. En ese sentido, afirman que la sentencia «es realmente vergonzosa por hacer una interpretación errada y maliciosa del principio precautorio: exige una relación directa entre los decretos de la licitación y los daños científicamente comprobados que ya probamos que ocurrirán, cuando la lógica de este principio indica exactamente lo contrario: ante el riesgo de daños graves o irreversibles, la falta de certeza científica absoluta no puede utilizarse como argumento para postergar medidas de protección. En lugar de aplicar el principio precautorio, la sentencia termina vaciándola de contenido».

Asimismo, remarcan que el fallo traslada a las organizaciones responsabilidades que corresponden al Estado. En ese sentido, cuestionan «que indiquemos específicamente cómo debe realizarse la evaluación de impacto ambiental acumulativa y estratégica que exigimos desde el inicio, como si fuéramos nosotras las responsables y no el Estado en ejercicio de sus funciones propias».

Las organizaciones recuerdan que la discusión sobre la Hidrovía excede una cuestión meramente administrativa o económica, ya que involucra el futuro de uno de los sistemas fluviales más importantes de Sudamérica, con potenciales impactos sobre los ecosistemas, la biodiversidad, las comunidades ribereñas y el acceso a bienes comunes esenciales.

En sus conclusiones, advierten que el futuro del río Paraná y de las poblaciones vinculadas a su cuenca requiere instituciones capaces de garantizar transparencia y control efectivo. Por ello sostienen que el caso pone nuevamente en debate el rol del Poder Judicial frente a los conflictos ambientales de gran escala y afirman que el futuro del Paraná merece algo distinto: «Una justicia independiente, transparente y comprometida con la protección de los bienes comunes y los derechos de las generaciones presentes y futuras».