Nuevo revés para el bingo de Maschwitz: intervendrá la Corte bonaerense

Los principales diarios de tirada nacional difundieron en las últimas horas una noticia que generó gran satisfacción, no solo entre los vecinos autoconvocados de Ingeniero Maschwitz, sino también entre diversas organizaciones sociales que acompañaron su reclamo. Desde el primer minuto en que el Concejo Deliberante aprobó la polémica ordenanza de habilitar  una sala de bingo sobre la Ruta 26, a pocos metros de la Panamericana, los vecinos encabezaron una firme lucha en defensa, fundamentalmente, de sus valores y principios. Los argumentos que sostienen son claros y contundentes: no se convocaron audiencias públicas ni se realizaron consultas vecinales, lo que vulnera el derecho de participación ciudadana en decisiones que afectan directamente a la comunidad.

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A esto se suma la ubicación del predio, a escasos metros de varias escuelas y de un centro de rehabilitación, una situación que para los vecinos representa una amenaza tanto para el entorno educativo como para la salud pública. Además, advierten que un salón de juegos de este tipo podría traer consigo un aumento de la inseguridad, del tránsito y de los problemas sociales asociados al juego compulsivo, lo que contradice el espíritu de una localidad que busca preservar su identidad barrial, cultural y familiar.

Ahora, en un fallo que el diario Clarín calificó de «durísimo», la Justicia ordenó frenar el traslado del Bingo Ramallo a Escobar y decidió que el caso, sea enviado a la Corte Suprema de Justicia bonaerense para que intervenga y resuelva el  expediente.

La decisión la tomó la jueza en lo Contencioso Administrativo de Campana Mónica Ayerbe. En un escrito de 44 páginas, al que accedió Clarín, sostuvo que existieron irregularidades en la ordenanza que se votó en el Concejo Deliberante de Escobar para habilitar el proyecto. Por eso le exigió al municipio que suspenda todos los efectos de ese proyecto de ordenanza.

En sus fundamentos, la jueza Ayerbe aseguró que para intentar instalar el bingo no se hicieron estudios de impacto ambiental, se habilitaron áreas para construir que estaban protegidas como zonas residenciales y no se llevaron adelante instancias de información y consulta pública «conforme lo exige el artículo 28 de la Constitución Provincial».

Ayerbe, además, fue muy dura con el proceso de aprobación de la ordenanza que habilitó la construcción del bingo: «La opacidad que surge respecto de las circunstancias que rodean la aprobación urbanística de la ordenanza en cuestión, no hace más que fortalecer la evidencia de una afectación al derecho a la información pública ambiental de raigambre constitucional y convencional».

En el fallo, Ayerbe dictó una cautelar para frenar cualquier avance y ordenó que el municipio suspenda los efectos de la Ordenanza 6350/24, que fue la que habilitó el proyecto. Además, envió el expediente a la Corte provincial.