La legalidad no siempre garantiza ética institucional

Que el intendente Sujarchuk es un ferviente aliado —y entusiasta practicante— del marketing político difícilmente pueda ponerse en duda.

En ese contexto, en los últimos días el jefe comunal decidió editar una nueva revista impresa —como ya es habitual, realizada en papel de excelente calidad y, por lo tanto, de alto costo—, esta vez destinada a celebrar sus diez años al frente del Departamento Ejecutivo municipal. Ante esta iniciativa, surgió de manera inevitable una pregunta tan simple como legítima: ¿quién financia semejante realización?

La respuesta aparece al doblar las últimas páginas, donde se informa que la publicación fue solventada mediante “aportes personales del gabinete municipal” —detalle, cuanto menos, llamativo si se consideran los salarios públicos— y por contribuciones de alrededor de medio centenar de empresas privadas, varias de ellas ampliamente conocidas y con actividad en el distrito.

Conviene aclararlo sin rodeos: el aporte de empresas privadas a este tipo de publicaciones, siempre que se realice en blanco y conforme a la normativa vigente, es legal. Nadie discute ese punto. Pero la legalidad, por sí sola, no alcanza para despejar todas las dudas. No todo lo legal es necesariamente saludable desde el punto de vista ético e institucional.

En una república que aspire a reglas claras y a una democracia de calidad, no resulta conveniente —ni prudente— entremezclar propaganda política o comunicación gubernamental con aportes de empresas privadas ya que el solo cruce de intereses puede abrir la puerta a sospechas, malos entendidos y zonas grises que erosionan la confianza pública.

La ética pública no se mide únicamente por el cumplimiento formal de la ley, sino también por la capacidad de prevenir conflictos de intereses reales o potenciales. En una sociedad de por sí escéptica y cansada de los vínculos opacos entre política y poder económico, la transparencia no debería limitarse a una aclaración al pie de página, sino expresarse en decisiones que eviten cualquier confusión entre gestión, propaganda y financiamiento privado.