Jueza exige revelar todo sobre el bingo

La fuerte reacción vecinal contra la instalación de un bingo en el Partido de Escobar —que se hizo sentir en prácticamente todas las localidades— empieza a mostrar sus primeros efectos concretos. En particular, en Ingeniero Maschwitz, donde se proyecta la apertura de la sala de juegos, un grupo de vecinos autoconvocados impulsó acciones judiciales que ahora parecen empezar a rendir frutos.

El próximo jueves 3 de julio, el intendente Sujarchuk deberá presentar ante la Justicia detalles clave sobre el proceso de habilitación del bingo, en el marco de una causa iniciada por vecinos que reclaman mayor transparencia y participación ciudadana. La citación judicial podría marcar un punto de inflexión en la resistencia organizada contra el avance del negocio del juego en la zona.

Desde Ingeniero Maschwitz, los vecinos comparten el siguiente informe con nuestra redacción:

La jueza Mónica Ayerbe puso fin al silencio y le exige al intendente Sujarchuk que entregue toda la documentación vinculada al polémico emprendimiento que busca instalar un «bingo y gran centro comercial» en pleno Ingeniero Maschwitz.

La magistrada no quiere generalidades ni evasivas: reclama conocer quiénes son, con nombre y apellido, las personas físicas y jurídicas detrás del proyecto. Exige datos completos, domicilios legales y la identificación registral de los titulares de los inmuebles involucrados. Y fijó un plazo inapelable: hasta pasado mañana, jueves 3 de julio, a las 12 del mediodía.

En una decisión firme, también ordenó que el intendente notifique personalmente al Concejo Deliberante, para que el cuerpo legislativo en pleno quede formalmente informado. Ante la ausencia de un domicilio electrónico constituido por el Concejo —a diferencia de la Municipalidad—, la jueza dispuso que sea la propia intendencia quien cumpla con esa notificación.

No hay margen para dilaciones, maniobras ni chicanas: la doctora Ayerbe exige la verdad completa y sin rodeos.

Así, quedará expuesto quiénes son los verdaderos responsables de intentar instalar un bingo en una zona residencial, a escasos metros de escuelas y de un centro de rehabilitación de adicciones.

La jueza fue terminante: quiere todos los nombres, todos los documentos y todos los datos sobre la mesa. Su pedido incluye:

• Copia certificada de la Ordenanza 6350/2024 y toda la documentación relacionada.

• El Master Plan completo, con planos, memoria descriptiva y cronograma de ejecución.

• Identificación catastral detallada de las parcelas afectadas, incluyendo su zonificación actual.

• Detalle de los usos del suelo permitidos por las ordenanzas vigentes, con especial atención a las parcelas 3568-a y 3567, que no forman parte de la zona comercial habilitada.

Con esta medida, Ayerbe dejó en claro que la Justicia puede —y debe— ejercer un control serio y comprometido sobre el poder político local. No solo frenó la ejecución del proyecto, sino que reclamó transparencia absoluta: quiénes están detrás, con qué fundamentos técnicos, y si se violaron normas urbanísticas al intentar habilitar un bingo en un barrio residencial.

Vecinos y organizaciones locales celebraron esta decisión como un paso clave para esclarecer un expediente plagado de sombras y proteger los derechos de una comunidad que no fue escuchada.

En tiempos donde muchas decisiones se toman entre gallos y medianoche, la jueza Ayerbe exige que la verdad se diga a viva voz, sin silencios cómplices ni maniobras burocráticas. Una señal contundente de que la Justicia también puede ser un freno legítimo frente a los abusos del poder.

El origen de la polémica

En diciembre de 2024, el Concejo Deliberante de Escobar aprobó la Ordenanza 6350/2024, que habilita la construcción de un “Centro Integral” con hotel, locales gastronómicos y una sala de bingo en terrenos originalmente designados como Zona Residencial Exclusiva 1, donde solo se permiten viviendas unifamiliares.

El trámite fue tan veloz como opaco: el expediente ingresó el 6 de diciembre y fue aprobado en una sesión exprés de apenas 20 minutos. No se convocaron audiencias públicas ni se realizaron consultas a los vecinos. El predio elegido se encuentra a pocos metros de varias escuelas y de un centro de rehabilitación, lo que desató un rechazo masivo en la comunidad.