Escobar: un gobierno de santos

A veces, los dirigentes políticos se esfuerzan con esmero en construir una imagen que, por más prolija que luzca en lo discursivo, no termina de calar en la percepción de la ciudadanía. El relato no convence, porque la realidad —esa terca e ineludible— se encarga de poner las cosas en su lugar. En esa línea, el intendente Sujarchuk vuelve a presentarse como abanderado de la transparencia, asegurando que Escobar es, poco más o menos, el distrito más honesto de la República Argentina. ¿El argumento? La certificación de una norma ISO.

Según el jefe comunal, haber adherido a la norma ISO 37001 —estándar internacional en materia de gestión antisoborno— y haber ampliado recientemente su alcance, sumando a la Gestión de Contravenciones de la Secretaría Contravencional, convierte al municipio en un ejemplo de integridad.

Si todo fuese tan sencillo y bastara con cumplir procedimientos administrativos para erradicar la corrupción, podríamos concluir que en Escobar ya no gobiernan personas, sino ángeles. Pero la experiencia demuestra que la ética pública no se construye a fuerza de auditorías, sino con hechos concretos, control ciudadano y rendición de cuentas efectiva.

Las normas ISO, vale aclararlo, no evalúan la conducta ética de los funcionarios ni investigan posibles actos de corrupción. Son protocolos de gestión y procedimientos que, si bien pueden contribuir a la organización interna de una institución, no constituyen por sí mismos una garantía de honestidad. Obtener una certificación ISO es, en buena parte, cumplir con una serie de formalidades, lo cual no impide —como bien sabemos los argentinos— que las formas convivan con las trampas.

En este contexto, no son pocos los que se preguntan: ¿cómo es que un municipio que se autodefine como ejemplo de transparencia mantiene en reserva los detalles de contrataciones millonarias para shows, obras o servicios tercerizados? ¿Cómo se concilia el discurso de “uso eficiente de los fondos públicos” con el crecimiento del aparato estatal y la proliferación de cargos políticos en distintas secretarías y direcciones? ¿Y por qué, si todo está tan ordenado y certificado, los vecinos tienen tantas dificultades para obtener respuestas a sus reclamos más básicos?

El marketing de la transparencia, como el de cualquier producto, busca generar una percepción favorable más que reflejar una realidad objetiva. Y en tiempos donde la política atraviesa una profunda crisis de credibilidad, los gestos simbólicos como adherir a una norma ISO pueden ser útiles para maquillar lo que no termina de convencer en los hechos. El problema aparece cuando la propaganda pretende suplantar la gestión, y cuando el intento de mostrar un “gobierno de santos” se enfrenta a las contradicciones del día a día.

Porque al final, más allá de los estándares internacionales, lo que valida o desacredita a una gestión es la experiencia concreta de sus ciudadanos. Y esa, al menos por ahora, no viene con certificación.