En la Argentina, la imposición sobre el Trabajo es uno de las más rendidoras en términos de recaudación. Pero encarece el costo laboral para trabajadores y empresarios, lo cual desincentiva la contratación registrada. La carga impositiva sobre el trabajo no puede ser eliminada, pero podría ser atenuada fijando un Mínimo no Imponible (con base en el costo de vida y ajustado automáticamente), que opere en distinta proporción como deducción para las retenciones Previsionales e Impositivas.
El consumo (o su contracara: la venta) es objeto de múltiples gravámenes: los Impuestos Internos (que, con distintas composiciones, datan del siglo XIX) y el Impuesto al Valor Agregado, vigente desde 1975, el cual, supuestamente, al ser coparticipado, eliminaría la necesidad de los gravámenes provinciales sobre las ventas, hecho que, como sabemos, no ocurrió.
Esto ha dado vida al monstruo que actualmente se denomina Impuesto a los Ingresos Brutos. Gravamen que, por su importancia presupuestaria provincial, es muy difícil de eliminar, pero que, por su costosa incidencia sobre los precios, es imposible de soportar. Su imperiosa desaparición podría reemplazarse con una nueva forma de Coparticipación Federal del IVA. No creemos en un IVA Provincial salvo que hablemos de que las provincias eliminen el Impuesto a los Ingresos Brutos y en contrapartida reciban el 100% de la recaudación de IVA (neta del descuento para ANSES) repartido en base a una nueva forma de Coparticipación. Esto produciría un inmediato y significativo ahorro en burocracia y administración, tanto para los fiscos como para los contribuyentes.
Por otro lado, la recaudación del Impuesto a las Ganancias debería ir 100% para la Administración Central (neto del descuento para ANSES). Creemos que este gravamen debería mantenerse, con una tasa del 25% sobre el resultado de las empresas (ajustado por inflación) y deducción total del impuesto al cheque. Los Impuestos Internos, ocultos tras los precios de los productos, son en su mayoría de escaso rendimiento recaudatorio. Deberían ser eliminados. No creemos en los gravámenes nacionales sobre Bienes Patrimoniales. La propiedad inmueble y de otros bienes, deber seguir recibiendo la tradicional imposición provincial, eliminándose, a su vez, el impuesto de sellos, y manteniéndose, a nivel municipal, las clásicas tasas por retribución de servicios (no como un impuesto con base en Ingresos y/o ventas).
Por su importancia estratégica, la vigencia de los “derechos de exportación” depende del diseño de un plan económico integral. Finalmente, es lógico pensar que las Administraciones Públicas en sus distintos estamentos, deberían adecuar sus presupuestos a estas correcciones de ingresos.
En la Argentina, históricamente, salvo contadas excepciones, las Legislaturas han respondido a necesidades presupuestarias del Poder Ejecutivo (siempre crecientes), elevando los impuestos a niveles de saturación, y complicando su aplicación. Adicionalmente, en los últimos años las Administraciones Tributarias han adquirido un poder normativo, regulador y hasta represor, que en muchos casos excede su natural función, lo cual complejiza, dificulta y encarece el costo del Sistema. No puede permitirse ni la percepción compulsiva e ilegítima de impuestos como el Sircreb y similares, ni el sistema antijurídico de “marcas” por faltas formales y bloqueos de CUIT por ningún motivo. Estas metodologías conspiran contra la simplificación tributaria, y vulneran el constitucional derecho de trabajar y ejercer un negocio lícito. Proponemos la figura de un Estatuto o un Defensor del Contribuyente (como existe en muchísimos países) a fin de balancear el omnímodo poder burocrático de las Administraciones Tributarias. Ello no irá, en modo alguno, contra la recaudación, sino todo lo contrario, y otro cambio de paradigma hacia lo positivo, sería empatizar la relación del fisco con los profesionales especialistas impositivos, sin cuyos conocimientos y experiencia sería imposible la recaudación. El tango se baila de a dos, pero este complicado baile de los impuestos debe incluir al fisco, a los contribuyentes y a los especialistas en tributación.
La corrección que proponemos son: a.) Eliminar Ingresos Brutos y reemplazarlo por una nueva coparticipación de IVA para las Provincias b.) Asignar el total de la recaudación de Impuesto a las Ganancias a la Administración Central c.) Para las personas humanas, fijar un Mínimo no Imponible con base real y ajuste automático C.) Para las empresas, la reducción de la tasa actual del impuesto al 25%. D.) Eliminar paulatinamente los impuestos internos, y en igual forma volver al 18% como tasa general de IVA y volver en forma inmediata a la devolución del impuesto por compras con tarjeta como fomento al blanqueo de las operaciones.
El Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, es la única política de inclusión y blanqueo laboral exitosa de las últimas dos décadas. Romperlo, sería un grave error. Hay que mantenerlo y desburocratizarlo. Respecto a Autónomos, un básico principio de equidad tributaria obliga a igualar las deducciones que, en el impuesto a las ganancias, tienen los empleados en relación de dependencia.
Sobre un posible nuevo blanqueo, yo hablaría de una amnistía excepcional en medio de una realidad excepcional: la pandemia mundial. Pienso que el Covid-19 algún día va a terminar siendo controlado, pero la crítica situación social, económica y financiera que va a dejar, seguro va a continuar por mucho tiempo. Por tal motivo, y considerando la excepcionalidad de la crisis mundial debería habilitarse una amnistía amplia, total y gratuita para los capitales, por un plazo muy limitado, para argentinos residentes, con domicilio permanente en el país, que se incorporen al giro normal registrado con fines productivos o compra de títulos de deuda pública. Pero, esto lo tiene que hacer un gobierno que inspire la suficiente confianza y acuerde con la oposición esta medida excepcional, como una verdadera política de Estado.
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