Escobar, reprobado en transparencia fiscal

Que la política despierta desconfianza en buena parte de la sociedad no constituye ninguna novedad. Lo saben también los propios dirigentes. Lamentablemente, la generalización suele imponerse y termina colocando a toda la dirigencia en un mismo plano, aunque sería injusto desconocer que también existen funcionarios honestos, austeros y con una auténtica vocación de servicio. Del mismo modo, hay administraciones que hacen de la transparencia una política de gestión y otras que transitan exactamente el camino contrario.

Días atrás, El Diario de Escobar informó sobre la reclausura de una obra en Ingeniero Maschwitz, luego de que personal municipal comprobara que había trabajadores desarrollando tareas en el predio, pese a que el lugar ya contaba con fajas de clausura. Tras la intervención del área de Inspección, se labró un acta y la obra volvió a quedar cerrada. Lo más llamativo del episodio no fue la reclausura en sí sino la inmediata reacción de numerosos vecinos. Los comentarios publicados en redes sociales reflejaron un profundo escepticismo: «Money money»; «Ja, no pusieron la que tenían que poner». Más allá de la crudeza de las expresiones, todas transmiten un mismo mensaje: la sospecha de que detrás de ciertas decisiones administrativas podrían existir motivaciones ajenas al estricto cumplimiento de la ley.

Casualmente, pocos días antes se había conocido el informe correspondiente al primer trimestre de este año elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que evaluó el nivel de transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses. Y las conclusiones no dejan bien posicionado al partido de Escobar.

Puede que esa percepción social, construida muchas veces sin pruebas concluyentes ni información oficial que la respalde, encuentre algún sustento en los resultados de este estudio realizado por ASAP, una reconocida organización no gubernamental creada en 1975 y dedicada a promover mejores estándares de administración financiera y presupuestaria en el sector público.

El informe analizó indicadores considerados esenciales para medir la transparencia de una gestión municipal: la publicación del presupuesto vigente, la ejecución del gasto, la situación económico-financiera, el nivel de endeudamiento y la facilidad de acceso a esa información por parte de los ciudadanos. En función de esos parámetros, los municipios fueron clasificados en distintas categorías, desde el cumplimiento estricto hasta la exposición nula de información.

Los resultados muestran que 65 municipios —casi el 48 % del total— alcanzaron el máximo nivel de cumplimiento, facilitando el acceso a sus cuentas públicas mediante portales claramente identificados con apartados como «Transparencia», «Gobierno Abierto», «Informes Financieros», «Hacienda», «Rendición de Cuentas» o «Presupuesto». Otros cinco distritos obtuvieron un alto nivel de transparencia; 18 se ubicaron en un nivel medio; 26 registraron un cumplimiento bajo o regular; y los restantes 21 quedaron en el escalón más bajo del ranking.

¿Dónde aparece Escobar? Precisamente dentro del grupo de esos 26 municipios calificados con un nivel de «bajo o regular cumplimiento». Una ubicación que difícilmente contribuya a disipar las sospechas de muchos vecinos y que, por el contrario, termina alimentando el clima de desconfianza que quedó reflejado en las reacciones tras la reclausura de la obra.

Es probable que el intendente cuestione la metodología del informe, sostenga que ASAP no es una organización confiable o enumere las herramientas que la administración exhibe como prueba de su compromiso con la integridad pública: la certificación ISO 37001, el Canal de Comunicaciones contra el Soborno, los mecanismos de Participación Ciudadana, el Código de Ética y Conducta, entre otras iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia.

Sin embargo, cuando una parte importante de la comunidad desconfía y un organismo especializado ubica al distrito entre los municipios con bajo o regular nivel de transparencia fiscal, resulta evidente que algo no está funcionando como debería. Las autoridades conocen esa realidad. Y si el objetivo es recuperar la confianza ciudadana, no harán falta discursos, certificados ni campañas de comunicación: bastará con administrar los recursos públicos con un grado de transparencia tan claro y accesible que no deje espacio para sospechas sobre el destino de cada centavo del erario público.