Escobar: entre el «sello de transparencia» y una grave denuncia por corrupción inmobiliaria

Mientras la gestión de Ariel Sujarchuk ostenta la certificación ISO 37001 de gestión antisoborno, una reciente denuncia penal pone bajo la lupa un complejo entramado de vínculos entre funcionarios municipales, empresas constructoras y desarrollos inmobiliarios de lujo.

El partido de Escobar se encuentra hoy en el centro de una tormenta judicial. El intendente Ariel Bernardo Sujarchuk ha sido denunciado ante la justicia penal por la presunta comisión de delitos que van desde el enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos públicos hasta el cohecho y el tráfico de influencias. Según informa el medio digital “El Disenso”, la denuncia —registrada bajo la IPP 18-01-3030-26— fue presentada por el abogado Jeremías Rodríguez ante la Fiscalía General del Departamento Judicial Zárate-Campana. La presentación se originó en una investigación periodística que, llevada adelante por dicho medio, expone una situación que parecería contradecir los estándares de integridad institucional que el municipio afirma sostener a través de sus certificaciones internacionales.

El doble rol de los funcionarios

El núcleo de la presentación judicial señala la adquisición por parte de Sujarchuk del 80% del paquete accionario de MARGUS CONSTRUCTORA S.A. en el año 2020. Lo llamativo no es solo la titularidad de la empresa, sino que sus cargos directivos habrían sido ocupados simultáneamente por funcionarios clave de la municipalidad. Entre los nombres señalados figuran:
–  Claudio Maximiliano Flores Barrios: Director de Compras del municipio y, paralelamente, director de la constructora.
– Estanislao Agustín Hernández: Contador municipal vinculado a la firma.
– Julián Torreiro: Empleado municipal y presidente de la sociedad.

Esta supuesta «superposición de intereses», habría permitido, por ejemplo, que el propio Director de Compras firmara decretos ambientales para proyectos inmobiliarios (como «Altos Las Casuarinas») que luego figuran como deudores de créditos millonarios en la declaración jurada del intendente.

Millones en créditos y desarrollos de lujo

La denuncia detalla un incremento patrimonial que no se justificaría con los ingresos del intendente como funcionario público. Se registran acreencias a favor de Sujarchuk por montos que superan los 400 millones de pesos vinculadas a desarrolladores inmobiliarios:
–  Un crédito de $250.000.000 relacionado con el edificio «L’Avenue Libertador» en CABA.
–  Deudas de $83.300.000 por desarrollos construidos sobre tierras que pertenecieron a familiares del denunciado.
–  Un crédito de casi $95.000.000 vinculado al desarrollo «Consultatio» (léase Constantini) en Escobar.

La paradoja de la ISO 37001

Resulta paradójico que estos hechos salgan a la luz en una gestión que ha hecho de la certificación ISO 37001 (un estándar internacional para sistemas de gestión antisoborno) una de sus principales banderas de transparencia.
Mientras los manuales de procedimiento dictan rigor ético, la denuncia judicial describe una mecánica de «facilitación» donde el Estado Municipal habría sido utilizado para favorecer negocios privados inmobiliarios en los que el propio jefe comunal tendría intereses directos.

El Camino Judicial

La justicia deberá determinar ahora si este esquema constituye un caso de lavado de activos y uso indebido de recursos públicos. Como señala la jurisprudencia de la Corte Suprema citada en la denuncia, los actos que afectan la confianza pública en las instituciones comprometen la integridad misma del Estado. Para los vecinos de Escobar, la pregunta es si la transparencia es un compromiso real o simplemente una etiqueta técnica para cubrir un patrimonio que no para de crecer.

Dr. Marcelo L. Soto