El veredicto contra CFK y sus repercusiones en Escobar
Años atrás, en 2015, en el Foro de Vecinos del Cazador que precedió a esta publicación digital, me permití pronosticar que nada lograría detener los procesos judiciales ya entonces en marcha contra la ex presidenta Cristina F. de Kirchner por sus múltiples actos delictivos, en detrimento de los intereses públicos y el patrimonio del Estado. En su veredicto de ayer, los jueces federales han señalado que “entre los años 2003 y 2015 tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública” y en base a apabullantes pruebas aportadas por el Ministerio Fiscal consideraron a CFK penalmente responsable por dicha maniobra fraudulenta, repetida y perpetrada a enorme escala. Al observar las fechas, se desprende con claridad que estas malversaciones y actos ilícitos -tan sistemáticos como premeditados- arrancaron apenas comenzar la presidencia de Néstor Kirchner y continuaron sin interrupción hasta cinco años después de su muerte. No está de más señalar que la Constitución Argentina equipara los actos de corrupción administrativa con los de “atentado al sistema democrático”.
Según resultaba previsible, simpatizantes y funcionarios del matrimonio santacruceño hoy se manifiestan indignados por lo que consideran un fallo judicial infundado, arbitrario e injusto.
Por suerte, nuestra legislación penal permite al reo condenado apelar a una instancia judicial superior a los fines de que su sentencia sea revisada, ya sea para revocarla o por el contrario para ser confirmada y puesta en vigor. Así como permite a los Fiscales insistir con sus peticiones en la siguiente instancia si consideran que la condena no ha sido lo bastante severa, como harán en este caso.
Y por desgracia, muchos delincuentes -y delincuentas– se valen de dilatadas apelaciones y argucias para bloquear durante años los efectos de la sentencia contra ellos y así evitar la cárcel. No sólo eso, sino que nuestros legisladores cuentan con privilegios (fueros) que impiden que se les encierre en una penitenciaría, a menos que sus colegas les suelten la mano, por mucho que se les condene en los Tribunales. En este sentido, cualquier ciudadano medianamente informado recordará la impunidad del ex presidente -y luego senador justicialista- Carlos S. Menem, sentenciado a siete años de reclusión por contrabando de armas, los cuales nunca purgó.
No todo concluye ahí, ya que -por una peculiar legislación- los convictos mayores de 70 años obtienen el notable beneficio de cumplir la sentencia en su residencia particular. Nada mal si el condenado posee una inmensa finca con amplios jardines y todas las comodidades imaginables. Así es que en la República Argentina se ha visto a asesinos múltiples como A. Puccio o R. Barreda terminar sus días plácidamente, en confortable detención domiciliaria. Por contraste, en muchos países avanzados, el reo debe cumplir su sentencia tras las rejas hasta expiar toda la condena, cualquiera sea su edad, incluso hasta el fin de su vida. ¿No va siendo hora de derogar la benevolente prerrogativa? Difícilmente eso suceda, ya que muchos miembros de la clase política argentina -maduros en edad- consideran este beneficio como un hipotético y postrer reaseguro por si acaso tras una lentísima investigación, múltiples apelaciones, dilaciones y ardides legales les llegase lo peor: cumplir sentencia por sus fechorías en alguna de sus numerosas mansiones, adquiridas con dineros robados a su amado pueblo. Los procesos judiciales por la endémica corrupción administrativa en nuestro país demoran en promedio 14 años y apenas un 7 por ciento terminan en condena. Saque el lector sus propias conclusiones.
En cuanto a los efectos inmediatos del fallo que acaba de condenar a la ex presidenta Cristina F. de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, resulta destacable que la famosa pueblada, las abiertas amenazas por parte de funcionarios oficialistas del “quilombo” que se iba a armar si “tocaban” a la actual vicepresidenta no pasó de un puñado de compañeres al borde de la insolación, incapaces por lo visto de competir con el espectáculo de la goleada portuguesa a los suizos.
Por supuesto, nuestro incontinente profesor y Presidente Alberto Fernández no se privó de opinar sobre este proceso, antes y después de la sentencia, trasgrediendo la clara norma constitucional que veda al Presidente entrometerse en causas judiciales. Y por supuesto, las palabras del incontinente Alberto afirmando que se había condenado a una inocente se contradijeron bastante con lo que sostenía el mismo Alberto algún tiempo atrás. Lo que le sobra a Alberto de locuaz, parece faltarle de agudeza visual, sólo así se explica que nunca se haya percatado como Jefe de Gabinete del incesante trajinar de bolsos repletos de billetes hacia oficinas contiguas a las suyas, las del matrimonio presidencial. Lo mismo aplica al tigre S. Massa.
Si así de tibia ha sido la respuesta de su bullanguera militancia frente a la primera condena a CFK por corrupción, cabe prever que las protestas ante las próximas sentencias que se le avecinan tampoco lograrán sacudir al país, lo cual resulta una excelente novedad para la paz social y la salud de las instituciones. Las promesas de ayer por parte de CFK de que no buscará nuevos fueros que la eximan de cumplir prisión en alguno de sus lujosos domicilios resultan tan creíbles como aquella fantasía suya del tren bala.
En cuanto a las repercusiones locales de esta bocanada de aire fresco que torna algo más llevadero este tórrido diciembre, el intendente de Escobar (en uso de estratégica licencia) Ariel B. Sujarchuk ha manifestado “La acusan por defender los intereses del pueblo…Queremos una justicia en serio y una justicia social”. De sobra es conocida la pretensión de hacer pasar vicios por virtud en un movimiento político donde se denuesta al mérito y se elogia a los barras bravas y cabe preguntar cuáles intereses populares defienden los que saquean las arcas públicas hasta el paroxismo para acumular una fortuna obscena que no alcanzarán a disfrutar ni a gastar jamás en sus vidas, qué clase de justicia social representa aquella funcionaria que cobra dos jubilaciones de privilegio por cinco millones de pesos al mes, mientras jubilados con el haber mínimo perciben cien veces menos.
El intendente -en uso de licencia- A.B. Sujarchuk aterrizó en Escobar allá por 2015 y sin que nadie lo conociera en nuestro municipio logró alzarse con el premio gordo de la intendencia a fuerza de aparato partidario y un descomunal presupuesto en publicidad, con fondos cuyos orígenes se desconocen. Al día de hoy Sujarchuk se resiste a revelar la identidad de la agencia que lucra con su abrumador despliegue propagandístico, para lo cual ha evitado responder reiterados Oficios a él dirigidos desde la Fiscalía de Zárate-Campana en el marco de la causa IPP 18-00-00173-19/00. En tal sentido, resulta sugestivo que Sujarchuk sea dueño de la consultora Choice, así como los numerosos inmuebles que Sujarchuk declara propios y se sitúa entre los más adinerados intendentes de la provincia de Buenos Aires. Todo un émulo de sus padrinos, los Kirchner.
Cumplidos ya dos años de la solicitud por parte de la Fiscal renunciante a instruir la causa, M. E. Amoretti y de su remilgado sucesor Agente J.M. Esperante, todavía se aguardan las parsimoniosas conclusiones del Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense referidas a costos y licitaciones de obras públicas durante la gestión Sujarchuk, el análisis de su rendición de cuentas respecto del mecanismo de asignación de dineros y la ejecución de partidas correspondientes a los llamados “Presupuestos Participativos”, así como el detalle de gastos y erogaciones en torno a la desenfrenada promoción autorreferencial de Ariel “Hace” Sujarchuk y los correspondientes pagos a la ignota agencia publicitaria a cargo de tan lucrativo negocio.
Asimismo, según informa el Fiscal General, se ha cursado hacia el Fuero Federal la diligencia a autoridades aeroportuarias para determinar si nuestro licencioso intendente en efecto viajó de manera subrepticia -o si no lo hizo- durante tiempos de pandemia con rumbo a los EEUU e incumpliendo con su obligación legal de informar al Concejo Deliberante a tal efecto, según se informó en un diario nacional, trascendido que también publicó este Periódico escobarense, sin que el involucrado haya desmentido o confirmado hasta hoy tan sigilosos viajes.
Teniendo en cuenta que las denuncias contra la recién condenada CFK se originaron en 2008, tal vez resten todavía varios años hasta que fiscales y jueces quieran dar término a las investigaciones pertinentes sobre presuntos hechos de corrupción administrativa ocurridos en nuestro Municipio -y que son de carácter imprescriptible-, siempre y cuando los fiscales bonaerenses demuestren una integridad y compromiso con la Justicia a la altura de los Agentes D. Luciani y S. Mola, merecedores de todo reconocimiento.
Diego Luzuriaga (Belén de Escobar)
Cuando toda la justicia de nuestro país actúe y todos los fiscales se atrevan a acusar , tendremos un país más justo para todos. El parque automotor del Municipio de Escobar, dicen, supera los 500 vehículos. Patentes AF, . E n tantos años que vivo en Escobar, no había visto circular tantos . ¿Serán tan necesarios?