Aviones y drones para controlar: el debate sobre multas y privacidad

Hace ya muchos años, durante la gestión del intendente Sandro Guzmán, un periodista de este medio mantuvo una conversación con un delegado municipal que acababa de asumir sus funciones. Uno de los problemas más notorios de la zona era el incumplimiento de algunos automovilistas que circulaban a gran velocidad por la calle principal, pese a la existencia de lomos de burro destinados precisamente a moderar el tránsito.

—¿Por qué no sancionan a estos infractores? —preguntó entonces el cronista.

La respuesta del funcionario lo dejó pensativo:

“La Municipalidad mantiene una deuda tan evidente con la comunidad —por el deficiente estado de las calles y por la escasa recolección de los montículos de poda— que resultaría poco criterioso, e incluso injusto, pretender ahora salir a imponer y cobrar multas”.

Aquella reflexión sencilla parece pertenecer hoy a otra época. Mucho ha cambiado desde entonces. En la actualidad gobierna una administración que, aun incumpliendo numerosas obligaciones básicas, no parece tener reparos en aplicar sanciones y multas a troche y moche.

No se trata, desde luego, de sostener que el Estado deba ser permisivo con quienes violan las normas. Las reglas existen para cumplirse. Pero cabe preguntarse si entre las autoridades subsiste al menos un mínimo de pudor a la hora de exigir el cumplimiento estricto de las ordenanzas, cuando son ellas mismas las primeras en quedar en falta frente a la comunidad.

La decisión de que la comunidad sea ahora controlada desde el aire -tal como informamos ayer en Vigilancia total: Municipalidad controlará «irregularidades» con drones y aviones- abre una serie de interrogantes. En primer lugar, sería importante conocer los términos del convenio suscripto con el Aeroclub para saber con precisión quiénes estarán a cargo de esas tareas de fiscalización. Según trascendió, se trataría de pilotos y aeronaves civiles que despegarían desde esa institución. Si esto es así, surge una pregunta inevitable: ¿serán particulares quienes tomen fotografías aéreas de propiedades privadas? ¿Qué garantías de seguridad y resguardo existen para los vecinos?

Es cierto que hoy, a través de plataformas digitales como Google Maps, pueden observarse detalles de viviendas, accesos y características urbanas. Sin embargo, realizar observaciones en tiempo real, tomar fotografías y registrar movimientos desde el aire plantea otra dimensión del problema. ¿No podría interpretarse esto como una forma de vigilancia que roza el espionaje y vulnera el derecho a la privacidad?

Tampoco son menores las dudas respecto de los aspectos operativos. ¿Cómo se pagarán los cánones u honorarios a los pilotos? ¿Qué mecanismos se utilizarán para su selección? ¿Qué requisitos  deberán cumplir? Cada una de estas preguntas forma parte de una política que, por ahora, parece haber sido anunciada con más entusiasmo que explicaciones.

En cuanto a los drones, también sería razonable que quienes los operen sean personas debidamente evaluadas o, al menos, de reconocida confianza, considerando que estarán realizando tareas de vigilancia sobre la vida cotidiana de los vecinos.

Todo esto conduce a otra pregunta de fondo que muchos se hacen: ¿la administración municipal busca realmente el orden y la legalidad, o simplemente recaudar más dinero?

El Estado elefantiásico creado durante la gestión del intendente Sujarchuk tiene, naturalmente, sus costos. Y aunque los ingresos del erario público han crecido de manera notable —impulsados, entre otras razones, por la llegada de miles de nuevos habitantes a partir de la construcción de nuevos  barrios cerrados—, además de los “tasazos” que periódicamente recaen sobre los contribuyentes, llama la atención esta permanente vorágine por aumentar la recaudación.

En un escenario así, las preguntas se acumulan. Y las respuestas, por ahora, siguen brillando por su ausencia.