Abogados ambientalistas rechazan de manera categórica el proyecto de la Terminal Marítima de Escobar

Un nuevo y contundente comunicado de alerta fue difundido en las últimas horas en relación con el proyecto de la denominada Terminal Marítima de Escobar. En esta oportunidad, la organización que nuclea a abogados ambientalistas volvió a expresar su rechazo frontal a la iniciativa, advirtiendo sobre sus graves implicancias ambientales, sociales y jurídicas.

Según señalan, la propuesta de instalar un megapuerto privado sobre el río Paraná —que contempla tareas de dragado, la construcción de muelles de gran escala, depósitos logísticos y nuevas vías de acceso— es presentada discursivamente como sinónimo de “progreso”. Sin embargo, para la entidad se trata, en realidad, de un nuevo avance sobre la privatización del río y de una profundización del modelo extractivista, con impactos irreversibles sobre un ecosistema ya altamente presionado.

“Desde @abogadesambientalistas nos oponemos de forma rotunda”, expresa el comunicado. En ese sentido, remarcan que el proyecto avanza sin una evaluación ambiental integral, con información fragmentaria y deficiente, y sin garantizar una participación ciudadana real y efectiva. En particular, cuestionan que la consulta pública se haya realizado de manera virtual, sin una Audiencia Pública presencial y excluyendo, de hecho, a las comunidades isleñas que serían directamente afectadas por la obra.

Más adelante, el texto pone el foco en una definición central: “El Paraná no es una vía logística: es un ecosistema vital”. Los abogados subrayan que el río es fuente de agua, trabajo, identidad cultural y biodiversidad para amplios sectores de la población, y que cualquier intervención de esta magnitud pone en riesgo no solo el ambiente, sino también el entramado social y económico de toda la cuenca.

Finalmente, la postura de la organización se vuelve aún más categórica. “Impugnamos el procedimiento, exigimos que se rechace el Estudio de Impacto Ambiental y que no se autorice el puerto”, concluye el comunicado, dejando en claro que la oposición no es meramente declarativa, sino también jurídica, y que el proyecto será cuestionado por las vías administrativas y legales correspondientes.